Nos encontramos al cierre del primer cuarto del siglo de “las democracias consolidadas”, y yo, personalmente, me veo en la necesidad de hacer una reflexión de puertas para dentro y tratar de repasar cómo ha evolucionado este modelo en mi propia tierra a lo largo de todo este tiempo.
El ambiente que se respira en España es pesado, y esta situación preocupa a más que a una simple minoría de alarmistas. Causa tristeza ver cómo lo que alguna vez se construyó sobre el consenso y la estabilidad parece tambalearse bajo el peso de la polarización, la desconfianza y la, cada vez más habitual, instrumentalización de la política y de las instituciones. Si ya es grave este deterioro, aún más severas son las consecuencias que tiene para el español de a pie, que se ve obligado a asistir, como mero espectador, a un escenario de confrontación constante y decisiones que raramente parecen responder a sus intereses.
Encontrándonos en este punto, la pregunta es clara: ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Si pretendemos entender la situación actual, es necesario remontarnos hasta la raíz.
Con el fin de alcanzar este nuevo modelo democrático, España tuvo que emprender un complejo proceso de desmantelamiento del régimen anterior, aquel que se creía “atado y bien atado”, y que había condicionado al país durante casi cuarenta años. Esta ardua tarea requirió voluntad política, consenso entre fuerzas muy diversas, la construcción de instituciones capaces de garantizar una transición pacífica hacia un sistema democrático y la voluntad de una sociedad dispuesta a dejar atrás su pasado y avanzar hacia un futuro con esperanza. Y, finalmente, tras mucho trabajo, esto se consiguió. Pasamos de ser denostados por el retrogradismo de nuestro sistema político a convertirnos en todo un ejemplo en Europa y buena parte del mundo en materia de evolución política, y con la Constitución como texto que sentaría la base jurídica y política del nuevo Estado democrático.
Sin embargo, aquel edificio institucional que tanto nos costó levantar ha demostrado no ser inmune a la acción e inacción de sus propios herederos. A pesar de que, durante décadas, ofreció una estabilidad razonable, hoy se ve seriamente amenazado por la incapacidad de gestionar adecuadamente los desafíos que ha traído el paso del tiempo.
La década de los 2000 comenzó con la llegada del euro a España y con la prosperidad alimentada por el negocio de la construcción, que creó un espejismo a nivel social y, especialmente, en el escalafón político, el cual fue aprovechado por algunos para llevar a cabo diversas tramas de corrupción urbanística, entre otras. Esto, a su vez, provocó que los políticos no se encargasen de corregir las desigualdades y desequilibrios que hicieron a España un país dependiente del ladrillo y que haría que todo estallara por los aires a finales de la década. Por otro lado, el destino de España cambió para siempre el 11 de marzo del 2004, con los atentados perpetrados aquel día en la capital. Estos ataques provocaron un vuelco electoral total a tres días de las elecciones generales, dando la sorpresa el Partido Socialista y con el ascenso de Zapatero al poder como consecuencia.
Su gobierno llevó a cabo un giro de ciento ochenta grados respecto a la etapa de Aznar, tanto en política exterior, retirando el apoyo a los americanos en el conflicto de Oriente Medio, como en el ámbito interno. Si bien es cierto que llevó a cabo la aprobación de leyes como la del Matrimonio Igualitario o la Ley de Dependencia, en el año 2007 aprobó la que ha sido una de las leyes que más polarización ha traído a nuestro país desde la Transición: la Ley de Memoria Histórica.
Lejos de servir como un instrumento de unión, dicha ley introdujo un nuevo eje de confrontación en la vida pública española, trayendo de vuelta la España de los vencedores y vencidos. En lugar de fortalecer el espíritu de reconciliación que había guiado los pactos durante la Transición, la ley alimentó un clima de señalamiento ideológico y de revisión interesada del pasado con interés electoral. En definitiva, el Gobierno utilizó la memoria histórica no como un recurso para cerrar definitivamente las heridas, sino como una herramienta política para dividir, reabrir debates ya superados y reconfigurar el relato nacional desde criterios partidistas.
A este clima de creciente confrontación se sumaba otro elemento especialmente sensible: el terrorismo de ETA. Aunque su cese definitivo no llegaría hasta años después, en aquellos años la banda se encontraba más relajada, con atentados mucho menos frecuentes y de menor envergadura. No obstante, la gestión política del conflicto, entre procesos fallidos de diálogo, tensiones entre partidos y un uso frecuente del tema como arma partidista, contribuyó aún más a deteriorar la confianza en la clase política. La sociedad española se empezó a encontrar cada vez más cansada, dividida y con la sensación de que sus representantes parecían más pendientes de ganar el relato al otro que de ofrecer soluciones. En este momento, nos adentramos en el final de la década de los 2000, en la mayor crisis económica de nuestra historia reciente.
El año 2011 marca un punto de inflexión en la política pública española, cuando Rajoy fue elegido como presidente del Gobierno. Su mandato coincidió con el golpe más duro de la crisis económica europea, que sumió a España en una profunda recesión y dejó a nuestro país en una situación muy delicada, estando marcada su presidencia por el inicio de un gran cambio económico, con medidas duras y muy impopulares, pero necesarias para rescatar al país de la crisis.
Sin embargo, estos primeros años no solo estuvieron marcados por el aspecto económico, sino también por las consecuencias políticas de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, que reactivó el independentismo catalán y dio el pistoletazo de salida al procés, así como por los casos de corrupción llevados a cabo durante la etapa de gobierno del Partido Popular en los años anteriores, que, en ese momento, ya comenzaban a judicializarse. Esta combinación empezó a generar un clima de desconfianza en las instituciones, preparándonos para un periodo de crispación y confrontación cada vez más evidente.
Fue precisamente este descontento el que cristalizó en el movimiento del 15-M. Durante aquellos días, no solo se dejó entrever la indignación en materia económica de una parte importante del pueblo español, sino que fue un movimiento que simbolizó una enmienda a la totalidad del sistema de partidos, rompiendo con el bipartidismo bajo la consigna del “no nos representan”.
Durante los años siguientes, la tensión territorial se disparó. El procés evolucionó rápidamente de una demanda estatutaria a un choque frontal contra el Estado, reventando el 1 de octubre del 2017 con el referéndum ilegal. La gravedad del desafío institucional acabó requiriendo la aplicación inédita del artículo 155 de la Constitución, interviniendo la autonomía catalana. Aquellas jornadas, marcadas por la desobediencia institucional y las cargas policiales, simbolizaron la quiebra emocional de una parte de la sociedad con el Estado y certificaron el fracaso del diálogo político. Ante esta incapacidad, finalmente, no hubo más remedio que delegar la solución del conflicto en los tribunales.
Esta judicialización de la vida pública trajo consigo una contrapartida inevitable: la politización de la Justicia. Al convertir a los tribunales en el escenario donde se dirimían las disputas políticas, el control de sus órganos de gobierno se volvió un objetivo estratégico de gran importancia, tanto para el PP como para el PSOE. Fue así como instituciones clave, como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, pasaron a sufrir un desgaste sin precedentes. El sistema de elección de vocales, cuestionado ya desde los años 80 con la reforma de Felipe González, mostró en esta etapa su lado más sombrío: bloqueo en las renovaciones y la triste sensación de que la cúpula judicial se había transformado en una trinchera más de la batalla partidista.
Sin embargo, no sería hasta mayo del 2018 cuando se produciría el terremoto definitivo que terminaría de echar por tierra la etapa de gobierno del Partido Popular, con la sentencia de la Gürtel. Dicha sentencia, además de imponer duras penas de prisión a, entre otros, el empresario Francisco Correa, Pablo Crespo, exsecretario de Organización y número dos de la red, y Luis Bárcenas, extesorero de la organización, incluiría la demoledora afirmación de que el partido había sido partícipe “a título lucrativo” de la trama.
Aun sin que la Audiencia Nacional pudiese confirmar la comisión de delitos de corrupción y otros ilicitos penales por parte del partido, la oposición, encabezada por el secretario general del Partido Socialista y actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consideró que existía un motivo de peso suficiente como para presentar una moción de censura contra el entonces presidente, Mariano Rajoy.
La defensa de aquella iniciativa, planteada bajo la insobornable bandera de “la regeneración democrática”, recayó sobre los hombros de José Luis Ábalos, entonces secretario de Organización y hombre fuerte del partido. Resulta estremecedor, visto con la perspectiva del tiempo, recordar la vehemencia con la que se exigieron responsabilidades desde la tribuna por parte de quien hoy se encuentra en prisión preventiva, precisamente acusado de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. Aquella sesión parlamentaria no solo supuso el fin político de Mariano Rajoy, sino que cristalizó una alianza heterogénea que unió, mediante un nefasto cordón umbilical, al Gobierno con fuerzas independentistas y al populismo de los pupilos de Caracas. Ha sido el inicio de una etapa de aritmética endiablada donde todo vale para mantenerse en el poder.
Esta deriva alcanzó su cénit moral con la aprobación de la Ley de Amnistía. Alejada de cualquier intento de concordia, esta ley se reveló como lo que verdaderamente es: una compraventa de votos, borrando delitos graves a cambio de siete apoyos para la investidura. Una transacción profundamente humillante para el Estado en su conjunto que vino acompañada de la mano del blanqueamiento sistemático de EH Bildu. Este Gobierno no ha tenido ningún reparo en pactar la gobernabilidad de la nación con el brazo político de ETA, normalizando a quienes nunca han condenado la violencia y otorgándoles el papel de socios preferentes, una traición imperdonable a la memoria de las víctimas.
Y aquí nos encontramos, en las antípodas de aquella prosperidad y fraternidad nacional. La realidad actual es la crónica de una degradación sin precedentes: un Gobierno que llegó al poder izando la bandera de la regeneración y que hoy se encuentra más cerca que lejos de finalizar su ciclo bajo sospecha en todos los frentes. Hemos rotado de la promesa de ejemplaridad a la colonización obscena de las instituciones, con una Fiscalía General del Estado convertida en trinchera partidista y con su titular, ineditamente, encausado y condenado por el Supremo. Pero la gangrena se extiende mucho más allá, alcanzando el entorno más íntimo del presidente, con su hermano y mujer imputados, y destapando una trama voraz encarnada por Koldo García y José Luis Ábalos. Una red que, bajo la supervisión de la fontanería de Ferraz y figuras como Santos Cerdán, apunta, ya no sólo al lucro personal, sino al fantasma de una posible financiación ilegal.
Todo este deterioro ha sido posible gracias a una mutación fundamental: la desaparición del Partido Socialista para dar paso al «Partido Sanchista», con el Manual de Resistencia como manifiesto fundacional. Una estructura vertical y cesarista en la que la crítica interna ha sido purgada y sustituida por una extensa red de influencia que blinda al líder. Un sistema en el que un coro sincronizado de ministros, tertulianos y terminales mediáticas afines se dedica, día tras día, a justificar lo injustificable y a normalizar el escándalo como herramienta de supervivencia política.
Pero, si la quiebra institucional es grave, aún más sangrante resulta la quiebra moral y económica. Porque la factura de la fiesta de Sánchez, tiene un coste inmenso que pagamos todos los ciudadanos. Mientras se multiplican los ministerios, los asesores y el gasto político superfluo para mantener engrasada la maquinaria del poder, la deuda pública asfixia a las futuras generaciones, y las familias ven cómo su poder adquisitivo se desploma. A su vez, el autoproclamado «Gobierno más feminista de la historia» ha visto cómo su relato se hacía añicos ante la realidad de sus propios cuadros. Resulta sonrojante mantener esa etiqueta cuando en las filas socialistas han operado personajes como José Luis Ábalos, Paco Salazar, Koldo García, José Tomé o Antonio Navarro, cuyos comportamientos representan todo lo contrario a la ejemplaridad que predicaban. Han demostrado que, tras los eslóganes morados y las lecciones de moralidad pública, se escondía una forma de entender el poder rancia, hipócrita y machista. Es el triste retrato de un ciclo ignominioso: un proyecto político devorado por sus propias contradicciones y por una corrupción que, al final, lo ha manchado todo y ha dejado a España en una fragmentación que ya es norma moral.